Un nuevo ciclo tricolor comienza el próximo uno de diciembre, a menos que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) decidan contrariar las expectativas e invaliden la elección presidencial, como solicita el Movimiento Progresista. Pero el arranque de la segunda alternancia no asoma terso ni sencillo. De entrada, seguramente no pocos críticos permanecerán reclamando al presidente electo por su presunta falta de responsabilidad democrática, sobre todo por lo hecho en su camino hacia Los Pinos.

No sólo impugnada en tribunales, sino una victoria políticamente ensombrecida para Enrique Peña Nieto. Primero, por la enorme influencia de los medios electrónicos, particularmente la televisión, en la construcción de su candidatura, evidenciada a través de los reportajes de Jo Tuckman en The Guardian, que a su vez ampliaron los hallazgos de Jenaro Villamil, en Proceso y otras publicaciones. Segundo, porque fue el principal beneficiario de lo que Alianza Cívica llamó  “una gran operación, quizá la mayor operación de compra y coacción del voto en la historia del país”.

Incluso si la verdad oficial fuese benevolente para el mexiquense y los suyos —es decir, que las instituciones político-electorales no verificarán la comisión de faltas graves en el proceso— es harto probable que subsista un costo político. Hace días, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral (ife) desestimó —en el llamado “informe circunstanciado” que entregó al Tribunal—, las pruebas presentadas por el bloque de la “izquierda” sobre las presuntas irregularidades en la elección presidencial y, entre otras cosas, señaló que no se comprueba la compra y coacción del voto con los elementos a la mano. No obstante, diversas investigaciones, sobre todo publicadas en Reforma y mvs Noticias, han documentado con cierta solidez y coherencia la existencia de una estructura paralela de financiamiento priista, con empresas fantasma, prestanombres y domicilios fiscales no comprobables. Ante la calidad de las pruebas, dicho sea de paso, no parece casualidad la denuncia conjunta de los presidentes nacionales del pan y del prd, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, en contra del pri y su candidato por presunto lavado de dinero ante la pgr.

A querer o no, ese contrapoder que es el periodismo ha vuelto a poner de relieve —como sucedió con el Pemexgate y los Amigos de Fox— que la fiscalización sobre los ingresos y gastos de las campañas por parte del ife tiene un ritmo lento. Ciertamente, acusar que las normas en la materia se hicieron para favorecer o perjudicar a una fuerza política en particular carece de sustento, pero es claro que el 30 de enero de 2013, cuando la Unidad de Fiscalización presente al Consejo General del ife el dictamen correspondiente, ya no hay nada qué hacer para dar certeza sobre la comisión de eventuales faltas antes de la toma de posesión del Presidente de la República. En todo caso, el crimen (electoral) sí paga, al menos al ganador de la contienda, porque ante las faltas sólo es esperable una sanción pecuniaria.

Enrique Peña Nieto, empero, tomaría posesión del cargo bajo un ambiente adverso. Aunque no hicieran fuerte eco las vociferaciones de “ilegitimidad” de sus más férreos opositores, el nuevo ocupante de la Silla del Águila estaría necesitado de tomar las riendas de inmediato y, al tiempo, de dar respuesta no sólo a sus impugnadores, sino a un amplio sector de la opinión pública que advierte sobre el riesgo de regresión democrática y, no menos importante, al electorado al que prometió cumplir.

Doctorante en Literatura.

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