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La Costa
10 de Agosto del 2017, 07:56 horas

Exigen en Ayutla liberen a policías comunitarios

Con una marcha el CLPE demandan la pronta liberación de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez

Alberto Rodríguez Guzmán

AYUTLA.- Ciudadanos de Ayutla se unieron al Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (CLPE) para exigir la liberación de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, quienes se encuentran aún presos en el penal de la capital del estado.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (CLPE) exigen laliberación de comunitarios
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (CLPE) exigen laliberación de comunitarios © Alberto Rodríguez Guzmán

Cerca de cien ciudadanos se unieron a esta protesta, quienes asistieron al municipio de Tixtla para conocer la situación jurídica de los policías comunitarios Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, el primero pasó siete meses presos desde el pasado seis de noviembre del 2013 en el Cefereso, ubicado en Miahutlán, Oaxaca.

Sus familiares en su momento aseguraron que lo mantenían incomunicado, ya que las distancia entre el Cefereso y su comunidad de origen (Tixtla Guerrero) es de más de 14 horas de camino y para junio de 2014 fue trasladado de manera ilegal al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció preso hasta el 10 de junio del 2015, después de realizar una huelga de hambre por 11 días.

Gonzalo Molina está acusado de secuestro y otros delitos graves, aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos pero continúa ahora preso en el penal de Chilpancingo; en tanto Samuel Ramírez Gálvez, es un joven Na savi que fue detenido el seis de octubre del 2013, cuando apenas tenía 17 años de edad, está acusado de portación de arma de fuego (un rifle calibre 30) fue detenido mientras ejercía sus funciones como policía comunitario.

Actualmente está preso en el penal de Chilpancingo, ha sido sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito que le imputan a pesar de poder salir libre bajo fianza, Samuel decidió mantenerse en la cárcel e impugnar la sentencia, ya que él no es culpable y de aceptar la sentencia es reconocer que la policía comunitaria es ilegal.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policías Comunitarias como institución está avalada por la Ley 701 mediante la norma de seguridad, justicia y la educación comunitaria, el artículo segundo de la misma donde abala la organización de los pueblos originarios mediante sus usos y costumbres, y el Convenio 169 de la OIT donde garantiza de manera internacional los derechos de los pueblos indígenas pero sobre todo está avalada por las asambleas comunitarias que es el órgano donde se elige a sus policías, comandantes y toda la estructura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policías Comunitarias, ya que ésta es una institución que nace desde los pueblos.fin


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